Facebook no pondrá freno a las mentiras de los políticos

La compañía ha señalado que el discurso político es de interés público y por dicha razón no someterá las publicaciones relacionadas a los estándares que deben cumplir el resto de los usuarios.

 

Las reglas de las redes sociales no son iguales para todos. Facebook ha dejado en claro que los políticos no tienen la obligación de seguir sus normas de uso, salvo que estén publicando una publicidad.

Como consecuencia, las declaraciones de los políticos no serán sometidas al escrutinio de los grupos de verificación que se encargan de identificar la información falsa.

La compañía ha señalado que no es su tarea intervenir en el discurso político. La única excepción es cuando las declaraciones pueden producir violencia y daños.

 

Justificación

El argumento de Facebook es similar al presentado por Twitter.

Nick Clegg, jefe de comunicaciones de Facebook, ha comentado al respecto: “Si alguien realiza una declaración o comparte una publicación que quiebra nuestros estándares, aún permitiremos esa publicación en nuestra plataforma si creemos que el interés público es mayor al riesgo que supone”.

Facebook tratará el discurso de los políticos como si fuera un material esencial para las noticias y la información del público. Sin embargo, si un político comparte contenido que ha sido catalogado como falso, dicho contenido seguirá siendo catalogado como falso y acompañado por las notas y correcciones que lo revelan como tal.

 

Preocupaciones

La doctrina del interés público es una parte fundamental de las leyes que regulan los medios de comunicación tradicionales. En términos prácticos supone, por ejemplo, que es mejor dejar que el público vea como un político miente antes que simplemente ocultar sus mentiras por temor a que puedan engañar a alguien.

Clegg admite que para muchos usuarios Facebook debería ser más rígido con sus normas de uso. Sin embargo sostiene que de hacerlo Facebook, una compañía privada, se convertiría en una especie de juez que determinaría por su cuenta lo que los políticos pueden comunicar. Lo que supondría quitarle a los ciudadanos el derecho y la tarea de juzgar a sus políticos.